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Tarjetas de Débito, Crédito e instrumentos de Dinero Electrónico. Ley Nro. 19.731

Ponemos en su conocimiento que el pasado 28 de enero de 2019 se publicó en el Diario Oficial la Ley Nro. 19.731 (en adelante, la “Ley”), promulgada el 28 de diciembre de 2018, por medio de la cual se regula el sistema de tarjetas de débito, instrumentos de dinero electrónico y tarjetas de crédito. La regulación se aplica a tarjetas de débito, tarjetas de crédito e instrumentos de dinero electrónico, siempre que hayan sido emitidos por una institución local.

I. Definiciones.

En el artículo 1 de la Ley, se define lo que se entiende por tarjeta de débito, instrumento de dinero electrónico y tarjetas de crédito.

A una tarjeta de débito la Ley la define como aquel instrumento que permite realizar compras, pagos y extracción de efectivo que se debitan directamente de los fondos que el sujeto mantiene en una cuenta bancaria. En contraposición, las tarjetas de crédito son instrumentos por medio de los cuales el sujeto que las utiliza puede acceder a una línea de crédito otorgada, hasta un tope previamente acordado, para realizar compras, pagos y extracción de efectivo.

Por su parte, los instrumentos de dinero electrónico son representativos de un valor monetario, tal es el caso de las tarjetas prepagas, billeteras electrónicas u otros instrumentos análogos que cumplen con las características mencionadas en el artículo 2 de la Ley Nro. 19.210.

La Ley también define lo que se entiende por “emisor”, “adquirente”, “comercio” y “usuario”. Emisor, es la institución regulada por el Banco Central del Uruguay (en adelante, el “BCU”), que emite los instrumentos antes descriptos; adquirente, es aquella institución que celebra contratos de afiliación con los comercios; comercios, son aquellos quienes quedan adheridos al sistema mediante la firma de un contrato con el adquirente; y usuarios son, aquellos que, de acuerdo a lo previsto en el contrato con el emisor se encuentran habilitados para hacer uso de los medios de pago regulados en la presente Ley.

II. Relación entre el Adquirente y el Comercio.

Todos los contratos que el adquirente pretende hacer suscribir a los comercios deben ser comunicados al BCU, los cuales no podrán violar las normas en materia de competencia.

El contrato debe contener, como mínimo, las siguientes estipulaciones: (a) plazo máximo en el que el adquirente se compromete a abonar las operaciones presentadas por el comercio que fueran cobradas en medios de pago electrónico; (b) la comisión, tasa o arancel de descuento que se cobrará sobre el importe de dichas operaciones; y (c) plazos y pautas para la presentación de información a efectos de liquidar las transacciones.

No se podrán disponer, condiciones de pago o acreditación de fondos diferentes en función de la institución de intermediación financiera o institución emisora de dinero electrónico seleccionado por el comercio para la recepción de los fondos.

Tampoco se podrá prever, la obligación que el comercio acepte tarjetas de crédito en modalidad de planes de cuotas, pudiendo este aceptar dicho medio solamente en la modalidad de un único pago. Serán nulas las cláusulas que no se ajusten a lo previsto en el presente artículo.

Por su parte, y a efectos de poder garantizar que las transacciones se realicen en un marco de seguridad y confianza, el adquirente deberá proporcionar al comercio ciertas herramientas, como, por ejemplo: (i) materiales e instrumentos identificatorios; (ii) información relevante sobre el funcionamiento del sistema y sobre cancelaciones de medios de pago por hurto, extravío, clonación, entre otras; y (iii) formación técnica específica para los casos en que se requiera. El BCU podrá establecer otras obligaciones para asegurar la garantía en las transacciones.

En el caso de pagos presenciales en los que se necesite la firma del usuario, el comercio será responsable únicamente si la firma resulta notoriamente falsificada. Además, no podrá almacenar a través de terminales “Point of Sale” (“POS”) o de otros sistemas, ningún dato personal o hábito de consumo correspondiente al usuario, sin el consentimiento de este.

El emisor es responsable de cualquier incumplimiento por parte del usuario en el pago de sus obligaciones. Los casos de clonación serán responsabilidad del emisor, salvo que se demuestre la responsabilidad del usuario.

Por otro lado, son obligaciones del comercio, según lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley: (i) aceptar los medios de pagos incluidos en el contrato; (ii) verificar la identidad del usuario de acuerdo a lo establecido en los contratos; e (iii) informar al adquirente la comisión de cualquier hecho ilícito o que pueda poner en riesgo el funcionamiento del sistema en el que opera el medio de pago.

III. Relación entre el Emisor y el Usuario.

En el capítulo tercero de la Ley, se encuentra un detalle de las pautas que se deben seguir en la relación entre el emisor y el usuario; los cuales deben estar regidos por un vínculo contractual, el cual quedará perfeccionado una vez que el emisor reciba el consentimiento del usuario.

En primer lugar, se establece que el contrato y toda la información que los emisores brinden a los usuarios deben ser hechas, siempre, en español; salvo que el usuario sea residente en un país cuyo idioma oficial sea distinto, en ese caso, se admitirá que el contrato esté en dicho idioma. Debe estar redactado de forma legible, con lenguaje claro, de acuerdo a los parámetros que establezca oportunamente el BCU.

Condiciones de los Contratos

El artículo 13 enumera una serie de cláusulas que se consideran abusivas. En el caso que existieran, las mismas no serán vinculantes para el usuario y serán nulas. Entre estas cláusulas, se encuentran las siguientes: (i) las que habilitan al emisor a imponer unilateralmente al usuario la contratación de seguros, salvo el seguro que garantiza el cobro del crédito en caso de fallecimiento; (ii) las que habilitan al emisor a convertir unilateralmente la moneda de deuda; (iii) las que habiliten al emisor a modificar unilateralmente los términos del contrato, salvo por lo que respecta al límite de crédito, suspensión, limitación o reducción de adelantos de dinero en efectivo y las modificaciones en las tasas de interés, cargos o comisiones, así como aquellas modificaciones necesarias para asegurar un funcionamiento seguro y adecuado del sistema en que opera el medio de pago electrónico; (iv) las que establezcan que el silencio del usuario se tendrá por aceptación de modificaciones, restricciones o ampliaciones a lo pactado en el contrato; (v) la que faculten al emisor a suministrar otros productos o servicios no incluidos en el contrato, sin la previa y expresa aceptación del usuario y/o imponiéndole un plazo para comunicar que no los acepta; y (vi) las que habilitan a incluir en los estados de cuenta y otros informes que se envíen a los clientes, cargos que no hayan sido previamente pactado.

En paralelo, se considerará práctica abusiva el exigir por parte del emisor la suscripción de un título valor incompleto, sin cumplir con los requisitos que se establecen en la Ley, o todos aquellos que sean fijados por el BCU. El titulo valor debe estar acompañado de la información necesaria para completarlo correctamente. Además, el emisor deberá entregar el título valor al usuario cuando finalice el contrato que lo originó y se cancelen las obligaciones que hubieran surgido del mismo.

Adicionalmente, como mínimo, los contratos deben incluir: (a) la responsabilidad de las partes en caso de hurto, rapiña, extravío, entre otros, del medio de pago y el procedimiento de denuncia a estos hechos; (b) las modalidades operativas de uso y los cargos que se imputen por su tenencia; (c) la condición en la que el medio de pago electrónico perderá validez antes de su vencimiento; y (d) la concesión de un plazo de treinta (30) días para devolver el medio de pago electrónico, sin cargo, en caso que se prevea la renovación automática del contrato.

Para el caso de los contratos de tarjetas de crédito deberán además, incluirse las siguientes disposiciones: (a) la forma de determinar y comunicar la tasa de interés aplicable sobre saldos deudores y todo otro cargo, (b) el método que se utilizará para calcular el monto de intereses a pagar, y la forma de calcular los recargos y todo gasto generado por la mora del deudor, (c) el monto máximo de la línea de crédito otorgada y los mecanismos para su modificación, y (d) la forma de determinar el pago mínimo, si se admiten pagos por anticipado y sus condiciones (en caso de que se admitan).

Obligaciones del Emisor

En el artículo 15 de la Ley se detallan las obligaciones del emisor, entre las cuales se destacan: (a) informar por escrito al usuario, ya sea a través de medio físico o electrónico (previo a la celebración del contrato) de sus responsabilidades y obligaciones; (b) revelar el número de identificación personal (“PIN”) u otra clave únicamente al usuario; (c) proporcionar al usuario elementos que le permitan comprobar las operaciones realizadas, de los cuales al menos uno debe ser sin costo; e (d) informar los principales riesgos a los que está expuesto al hacer uso del medio de pago y proporcionar recomendaciones sobre cómo protegerse de los mismos. Es importante destacar que el BCU podrá establecer otras obligaciones – que las pactadas en la Ley – a los emisores con el fin de garantizar la seguridad de la información tanto del usuario como del comercio.

Los emisores serán responsables de: (i) las operaciones efectuadas desde el momento en que recibe la notificación del usuario de sustracción, hurto, rapiña, extravío o falsificación del medio de pago electrónico, o su número de identificación personal; (ii) todos los importes imputados por encima del límite autorizado en los casos de sustracción, hurto, rapiña, extravío o falsificación del medio de pago electrónico; y (iii) todos los importes imputados en la cuenta del cliente que se originen por el mal funcionamiento del sistema o por fallas en su seguridad.

Sin perjuicio, el emisor no será responsable si prueba que las operaciones realizadas luego de la notificación fueron realizadas por el usuario o por terceros autorizados por este o si prueba que las operaciones por encima del límite autorizado fueron realizadas por el usuario o por terceros autorizados a tal efecto.

Obligaciones del Usuario

Las obligaciones de los usuarios son – sin perjuicio de obligaciones adicionales que podrá determinar el BCU – : (i) utilizar los medios de pago de acuerdo a lo establecido en el contrato; (ii) informar al emisor inmediatamente en caso de sustracción, hurto, rapiña o extravío, u operaciones que no se hayan efectuado correctamente, fallos o anomalías detectadas en el uso del servicio (como por ejemplo retención de tarjetas), o cualquier otro ilícito relacionado al medio de pago de su titularidad; y (iii) no responder a intentos de comunicación por medios y formas no acordados con el emisor.

Quedamos a su disposición por cualquier consulta o ampliación que consideren necesaria.

Fernández Secco & Asociados