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Sanciones contra el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva Ley Nro. 19.749 – Decreto Reglamentario Nro. 136/019

Les informamos que el pasado 21 de mayo de 2019 se publicó en el Diario Oficial la Ley Nro. 19.749 (en adelante, la “Ley”) promulgada el 15 de mayo de 2019, y su Decreto Reglamentario Nro. 136/019 (en adelante, el “Decreto” y conjuntamente con la Ley, la “Nueva Normativa”), promulgado el 16 de mayo de 2019, por medio de los cuales se pretende implementar sanciones financieras a personas físicas o jurídicas, así como a entidades vinculadas con el terrorismo, la financiación del mismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. El Decreto por su parte establece, en su artículo número 1, una serie de definiciones para lograr una mejor comprensión del sistema.

La finalidad de esta Nueva Normativa es garantizar la protección de los derechos humanos, civiles, políticos y las libertades fundamentales de todas las personas, especialmente, de víctimas y refugiados, según lo que dispone nuestra Constitución, la Carta de la ONU, el Derecho Internacional Público, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

A continuación, detallamos los aspectos más relevantes de la Nueva Normativa.

La Ley – elaborada en relación a lo establecido en las Resoluciones del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (en adelante, la “ONU”) – agrega como cometidos de la Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo – creada por la Ley Nro.19.574 –, el control de la implementación de las sanciones financieras dispuestas en la Nueva Normativa.

De acuerdo a lo dispuesto por la Nueva Normativa, los sujetos obligados1 deben controlar y verificar permanentemente las listas de individuos o entidades asociadas o vinculadas a organizaciones terroristas o al financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, confeccionadas en virtud de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, y la nómina de personas declaradas terroristas por resolución de cualquier autoridad judicial competente nacional o extranjera.

El Decreto dispone que, las comunicaciones sobre altas y bajas de las listas de la ONU, deben ser recibidas directamente por la Unidad de Información y Análisis Financiero (en adelante, la “UIAF”) del Banco Central del Uruguay (en adelante, el “BCU”) y por la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (en adelante, la “SENACLAFT”), las cuales remitirán las mismas inmediatamente y por comunicación electrónica a los sujetos obligados. Así también, las listas estarán disponibles y actualizadas en la página web del BCU y la página web de la SENACLAFT para ser consultadas por el público en general.

La Nueva Normativa dispone que si los sujetos obligados comprobasen que hay coincidencias de personas físicas o jurídicas o entidades, con las de las listas anteriormente mencionadas, éstos deben inmediatamente y sin demora proceder al congelamiento preventivo de los fondos y demás activos financieros o recursos económicos de dichas personas o entidades (implicando esto la prohibición de transferencia, conversión, disposición o movimiento de fondos u otros activos), así como notificar de inmediato a la UIAF, pero nunca a la persona física, jurídica o entidad afectada.

La UIAF por su parte, debe proceder a comunicar dicho accionar al Tribunal Penal competente (Poder Judicial), que dispone de un plazo de hasta setenta y dos (72) horas para convalidar que dicha persona o entidad se corresponde con una de la lista de la ONU, con el fin de determinar si mantiene o no la medida. Una vez confirmada la medida, se la notificará al interesado en un plazo de tres (3) días hábiles.

De acuerdo a lo que dispone el artículo 8 del Decreto, el Poder Judicial podrá autorizar excepcionalmente, el acceso a fondos u otros activos, en los siguientes casos: (a) ejecución de gravámenes acodados antes que la persona sea objeto de congelamiento de activos; (b) pagos a terceros no sancionados, por la ejecución de contratos anteriores a la fecha de designación del pagador; (c) cobertura de las necesidades básicas de la persona designada o sus familiares y honorarios por asistencia letrada; y (d) gastos ocasionados por servicios  ordinarios de custodia o mantenimiento de los fondos u otros activos inmovilizados.

Los congelamientos preventivos serán mantenidos hasta que se disponga el levantamiento de dicha medida por parte del Poder Judicial, únicamente si: (i) se comprueba por cualquier medio fehaciente que la medida se tomó por homonimia o falsos positivo; (ii) cuando se quite a la persona física o jurídica o entidad de las listas de la ONU; o (iii) cuando exista comunicación expresa del Consejo de Seguridad de la ONU.

Cuando el procedimiento de congelamiento es solicitado por terceros países, la solicitud la recibe el Ministerio de Relaciones Exteriores por vía diplomática o consular a solicitud de la autoridad competente extranjera, y la debe comunicar de inmediato a la SENACLAFT y a la UIAF, quienes actuando en conjunto verificarán si se cumplen los requisitos de la Resolución del Consejo de Seguridad de la ONU S/RES/1373 (2001) , y en caso afirmativo lo informarán a los sujetos obligados y a las personas o entidad sujetas a congelamiento.

Quedamos a su disposición por cualquier consulta o ampliación que consideren necesaria.

Fernández Secco & Asociados

1 Los sujetos obligados son aquellos mencionados en los artículos 8, 12, 13 y 29 de la Ley Nro. 19.574.