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Reglamentación de los Artículos 37 y 38 de la Constitución Ley Nro. 19.932 y Decreto Nro. 346/020

El pasado 21 de diciembre de 2020 fue publicada en el Diario Oficial la Ley Nro. 19.932 y el día 23 de diciembre de 2020 se publicó el Decreto Nro. 346/020 (en adelante, la “Normativa”). Esta Normativa reglamenta los artículos 37[1] y 38[2] de la Constitución de la República.

La Normativa limita, por el plazo de sesenta (60) días desde la publicación de la ley, el derecho de reunión. Esto implica la suspensión de aglomeraciones, que ponen en riesgo la salud. El término podrá ser prorrogado por una única vez por parte del Poder Ejecutivo, por el plazo de treinta (30) días.

Se define aglomeración como “la concentración, permanencias o circulación de personas en espacios públicos o privados de uso público en las que no se respeten las medidas de distanciamiento social sanitario, ni se utilicen los elementos de protección personal adecuados, tales como tapabocas, mascarillas, protectores faciales y otros elementos de similar naturaleza”.

El Poder Ejecutivo, por intermedio de los Ministerios de Salud Pública, Interior y Defensa Nacional, tendrá la potestad para cesar cualquier tipo de aglomeración. En primera instancia se dará una advertencia al infractor y se le solicitará cesar en la conducta. También se podrán aplicar observaciones o multas -por parte del Ministerio de Salud Pública- que oscilan entre 30 y 1000 Unidades Reajustables; el monto recaudado por la aplicación de las multas será destinado al “Fondo Solidario Covid-19”.

Asimismo, la Normativa prohíbe el ingreso al territorio nacional desde el 21 de diciembre de 2020 y hasta el 10 de enero de 2021. Esto con excepción de: (i) los transportistas internacionales de bienes, mercadería, correspondencia y ayuda humanitaria y sanitaria; y (ii) aquellos sujetos que acrediten haber sacado pasaje antes del 16 de diciembre de 2020.

Esta última medida podrá ser prorrogada por una única vez por parte del Poder Ejecutivo, por el plazo de sesenta (60) días.

Quedamos a disposición por cualquier aclaración y/o ampliación que necesiten.

Fernández Secco & Asociados

[1]Es libre la entrada de toda persona en el territorio de la República, su permanencia en él y su salida con sus bienes, observando las leyes y salvo perjuicios de terceros. La inmigración deberá ser reglamentada por la ley, pero en ningún caso el inmigrante adolecerá de defectos físicos, mentales o morales que puedan perjudicar a la sociedad”.

[2] “Queda garantido el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no podrá ser desconocido por ninguna autoridad de la República sino en virtud de una ley, y solamente en cuanto se oponga a la salud, la seguridad y el orden públicos”.