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Proyecto de Ley para Uso de Medios Tecnológicos en Procesos Judiciales y Administrativos

Con fecha 13 de abril de 2020, ingresó a estudio del Parlamento el Proyecto de Ley sobre utilización de Tecnologías de la Información y Comunicación en Procesos Jurisdiccionales (en adelante, el “Proyecto”).

La finalidad del Proyecto es impulsar los medios electrónicos que nuestro sistema judicial ya tiene reconocidos en la normativa vigente (Ley Nro. 18.600 y Decreto Reglamentario Nro. 276/013), con el fin de evitar dilaciones innecesarias a causa del estado de emergencia sanitaria que transitamos, que no permiten el acceso a la justicia de los uruguayos.

El Proyecto dispone un período concreto para su aplicación – esto es, durante el período de tiempo en que rijan las medidas de emergencia sanitarias -, y se aplicará tanto a los procesos que se encuentren en curso al momento de su aprobación, como a los que se inicien con posterioridad, tanto ante órganos del Poder Judicial, como ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Una vez cesada la emergencia sanitaria, el Poder Judicial, así como el Tribunal de lo Contencioso Administrativo tendrán potestad para extender la aplicación de la ley que surja de este Proyecto.

Debajo remitimos algunos de los elementos más importantes del Proyecto, y ampliaremos la información una vez sea aprobada la ley – en tanto el contenido puede variar luego de ser analizado por el Parlamento -.

 

Escritos Judiciales

Quedarán comprendidos en la ley que surja del Proyecto, todos los actos procesales escritos. Por tal razón, los escritos podrán remitirse por medios tecnológicos, acompañados de firma electrónica avanzada del abogado, escribano o contador (en caso de ser aplicable).

La firma del sujeto compareciente, podrá ser una firma electrónica común o avanzada; en el primer caso, la responsabilidad de la autenticidad de la firma recaerá sobre el letrado patrocinante.

Si al escrito se acompañasen documentos escaneados de un formato físico, el mismo deberá ser conservado por el letrado patrocinante, y presentarse al juzgado dentro de un plazo de tres (3) meses respecto del vencimiento de la ley, es decir, del cese de las medidas sanitarias.

Los documentos deberán cumplir con la obligación de su debida autenticación tanto por un escribano público, o por funcionario público, sobre todo si se tratase de títulos ejecutivos, los cuales deberán ser convalidados previamente por escribano.

Si hubiesen documentos que no se pudiesen agregar por medio telemáticos determinados por los tribunales competentes, el representante así lo dispondrá y el organismo concederá un plazo razonable para su presentación en físico.

Tanto el Tribunal como la contraparte, podrán solicitar la presentación de documentación en físico, solo en caso de ser verdaderamente necesario.

La fecha y hora de presentación del escrito, será la dispuesta por el medio telemático que utilice el interesado para remitir el documento, sin perjuicio de las constancias que luego expidan los Tribunales.

Los tributos judiciales deberán ser abonados por medios electrónicos. En caso de no ser posible esto, deberá ser acreditado el pago luego de culminada la emergencia sanitaria, físicamente en el expediente.

 

Audiencias

Se habilitará la realización de videollamadas u otros medios de comunicación similares, para la ejecución de los actos orales del proceso, siempre que las partes puedan visibilizarse unas a otras y pueden interactuar entre sí.

Si en la audiencia, debieran presentarse documentos físicos, estos deberán ser remitidos por los medios antes detallados para los escritos judiciales, previo al inicio de la audiencia.

Las actas de audiencia serán firmadas electrónicamente. Y la audiencia deberá ser grabada íntegramente por el Tribunal actuante.

Quedamos a disposición para evacuar cualquier consulta o comentario que estimen pertinente.

 

Fernández Secco & Asociados