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Proyecto de Ley de Urgente Consideración

Proyecto de Ley de Urgente Consideración

El día 23 de abril de 2020, ingresó al Parlamento el proyecto de Ley de Urgente Consideración (en adelante, la “LUC”) impulsado por el Poder Ejecutivo. Luego de varias modificaciones y ajustes, quedó definido el proyecto final, que se votará a partir del día 03 de junio de 2020 en la Cámara de Senadores, para luego pasar a la Cámara de Representantes.

El proyecto tiene diversas secciones dedicadas a: (a) seguridad, (b) educación, (c) economía, (d) empresas públicas, (e) desarrollo social, (f) salud, y (g) sustanciales modificaciones a la Ley Nro. 19.210 de Inclusión Financiera.

A continuación remitimos un brevísimo resumen de las principales disposiciones del proyecto, informe que ampliaremos una vez aprobado el proyecto en forma de Ley.

  1. Modificaciones a la Ley de Inclusión Financiera.

En el capítulo IV sobre Libertad Financiera, el proyecto realiza importantes modificaciones a la Ley Nro. 19.210 de Inclusión Financiera.

  • Pago de nómina a Trabajadores Dependientes.

En primer lugar, se modifican los artículos 10 y 11 de la Ley, habilitando el pago en efectivo por parte del empleador, de las remuneraciones o cualquier partida de dinero que tengan derecho a percibir los trabajadores que se encuentren en una relación laboral de dependencia. Es decir, se podrá optar por el cobro de remuneraciones en efectivo o a través de instituciones de intermediación financiera o emisoras de dinero electrónico; en la hipótesis que se elija esta última, el trabajador tendrá derecho a elegirla, y si no lo hace su empleador podrá escoger por él.

Asimismo, faculta al Poder Ejecutivo a establecer un sistema de recibo de haberes y de firma en formato electrónico.

La modalidad de pago podrá ser acordada entre el empleador y el trabajador al momento de iniciar la relación laboral y tendrá vigencia por un (1) año. Si al cabo de un (1) año no se acordara otra modalidad, se entiende como automáticamente prorrogada la anteriormente designada por el mismo período. Para el caso de las relaciones laborales ya comenzadas al momento de promulgación del presente proyecto, el Poder Ejecutivo reglamentará la modalidad para poner en práctica esta disposición.

  • Pago de Honorarios Profesionales.

Respecto del pago de los honorarios profesionales por servicios prestados fuera de una relación de dependencia, se sustituye el artículo 12 de la Ley de Inclusión Financiera, habilitándose el pago en efectivo hasta un máximo equivalente a un millón (1.000.000) de Unidades Indexadas.

  • Pago a Proveedores del Estado.

Se sustituye el artículo 42 de la Ley de Inclusión financiera, habilitando al Estado al pago en efectivo a sus proveedores de bienes y servicios hasta el límite máximo para la compra directa o común.

  • Pago o entrega de dinero en Negocios Jurídicos y aplicación a Sociedades Comerciales.

En cualquier negocio jurídico u operación, el pago o la entrega de dinero se podrá realizar en efectivo hasta la suma de un millón (1.000.000) de Unidades Indexadas.

  • Restricción de Uso de Efectivo para ciertos pagos.

De todas formas, se prevé la restricción del uso de efectivo, para aquellas actividades comerciales en las que el riesgo de utilización del mismo se justifique con la finalidad de proteger la integridad física de las personas que trabajan en dichas actividades. En consecuencia, se faculta al Poder Ejecutivo a habilitar, a solicitud de parte, a los establecimientos que enajenen bienes o presten servicios, la restricción de la aceptación de efectivo para el cobro de sus operaciones, a efectos de proteger la integridad física de las personas que desempeñan dichas tareas y de sus usuarios.

  • Derogación de artículos sustanciales de la Ley de Inclusión Financiera.

Finalmente, se derogan los artículos 36, 36 BIS, 39, 40, 41, 41 BIS, 43, 44, 46 y 64 de la Ley Nro. 19.210, en los que se preveía el pago a través de medios electrónicos de pago, letras de cambio, cheques de pago diferido cruzados no a la orden emitidos por instituciones de intermediación financiera para: (a) operaciones de elevado monto, (b) ingresos y egresos de sociedades comerciales, (c) arrendamientos, subarrendamientos, (d) crédito de uso de inmuebles, (e) enajenaciones y negocios relacionados a los bienes inmuebles, (f) adquisiciones de vehículos motorizados, (g) tributos nacionales, (h) adquisiciones de bienes y servicios realizadas en el marco de regímenes tributarios especiales, entre otros. Asimismo, se deroga el artículo que preveía la equiparación entre los pagos en efectivo y los efectuados a través de medios de pago electrónicos.

 

  1. Creación del Ministerio de Ambiente y Protección de Áreas Naturales.

Se dispone en el artículo 288 del proyecto la creación del Ministerio de Ambiente, previendo que el Poder Ejecutivo será quien fijará la política nacional en materia de ambiente, ordenamiento ambiental y de desarrollo sostenible y de conservación, así como las políticas de uso de los recursos naturales.

Será competencia del Ministerio de Ambiente, la formulación, ejecución, supervisión y evaluación de los planes nacionales de protección del ambiente, el ordenamiento ambiental y la conservación y uso de los recursos naturales, y la instrumentación de la política nacional en dicha materia.

Además, deberá ejercer la competencia que inicialmente se le adjudicó a la Dirección Nacional de Medio Ambiente (en adelante, la “DINAMA”) y a la Dirección Nacional de Aguas (en adelante, la “DINAGUA”), y las competencias en materia ambiental que las leyes le han atribuido al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (en adelante, el “MVOTMA”) que a partir de la implementación de esta Ley será el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial.

Deberá asimismo ejecutar las competencias referidas en la Ley Nro. 19.829 respecto de la generación, manejo y gestión de residuos. En general, tendrá todas las competencias en materia ambiental que están previstas en el artículo 47 de la Constitución de la República. Podrá también requerir información a otras entidades públicas y privadas que su actividad esté relacionada con el medio ambiente, y ejercer potestad sancionatoria.

En este sentido, también se creará la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, que tendrá como cometido – según las políticas que impulse el Poder Ejecutivo – el control y regulación de medicamentos, dispositivos terapéuticos, procedimientos de diagnóstico y tratamientos médicos y quirúrgicos utilizados en la atención de la salud humana. Esta agencia será constituida como persona jurídica de derecho público no estatal, y todo lo relativo a su organización, actividad y recursos necesarios para su funcionamiento será reglamentado luego de la aprobación de esta Ley.

Otra medida que impulsa la Ley, es la incorporación de áreas naturales públicas o privadas que reúnan ciertas condiciones para ser áreas protegidas, a la órbita del Ministerio de Ambiente.

La expropiación de las áreas que reúnan los requisitos necesarios, será de utilidad pública, y el cambio de dominio será necesario para su integración y mantenimiento en el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Asimismo, el Poder Ejecutivo promoverá la creación de un Fondo para cada Área Protegida, destinado a inversiones en la zona, que se financiará con los recursos que vierta el presupuesto nacional y los presupuestos departamentales respectivos.

 

  1. Arrendamiento de Inmuebles.

El proyecto prevé un Régimen de Arrendamiento de Inmuebles sin Garantía para el caso que el inmueble a arrendar tenga destino de casa habitación y cumpla con los siguientes requisitos: (i) haya ausencia de garantías a favor del arrendador; (ii) el contrato se extienda por escrito y en el mismo se consigne expresamente el plazo y precio del arriendo; y (iii) las partes declaren expresamente que el contrato de arrendamiento se someterá a la ley que surja en definitiva del proyecto. Los contratos de arrendamiento que no cumplan dichos requisitos, se regirán por la normativa vigente en el Código Civil y normas concordantes.

Las partes contratantes podrán pactar libremente el plazo, que en todo caso no debe exceder el límite de quince (15) años, y puede ser prorrogado automáticamente por períodos iguales. El pago se puede fijar en moneda nacional o extranjera, o en unidades reajustables o indexadas, y deberá verificarse dentro de los primeros diez (10) días de cada mes, salvo acuerdo de las partes en contrario. No se podrá exigir el pago anticipado de más de una mensualidad de alquiler. El precio se ajustará anualmente de acuerdo a la variación del Índice de Precios al Consumo (IPC).

El arrendador además podrá inspeccionar el inmueble en cualquier momento para corroborar su uso de acuerdo a las pautas establecidas en el contrato.

Quedamos atentos a cualquier duda que pudiera surgir a este respecto.

Fernández Secco & Asociados