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Nueva Ley de Arbitraje Comercial Internacional

I. Antecedentes.

Luego de dos legislaturas, fue aprobada la Ley de Arbitraje Comercial Internacional; con fecha 13 de julio de 2018 el Poder Ejecutivo promulgó la Ley Nro. 19.636 (en adelante, la “Ley”), publicada en el Diario Oficial con fecha 26 de julio de 2018.

La Ley está inspirada en la Ley Modelo sobre Arbitraje Comercial Internacional de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derechos Mercantil Internacional (reconocida como CNUDMI), aprobada el 21 de junio de 1985 y enmendada el 7 de julio de 2006, la cual constituye la base para la armonización de las leyes nacionales en materia de arbitraje internacional (en adelante, la “Ley Modelo”).

La Ley fue elaborada por miembros del Instituto de Derecho Internacional Privado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República; y la misma hará que Uruguay se posicione como punto estratégico para oficiar de sede de arbitrajes internacionales, mayoritariamente proveniente de América del Sur.

Antes de la Ley, Uruguay carecía de una regulación específica sobre arbitraje comercial internacional, aunque si contaba con una regulación en materia de arbitraje doméstico, por las disposiciones del Código General del Proceso.

Asimismo, Uruguay había ratificado varios Tratados Internacionales en materia de arbitraje comercial, como ser, el Tratado de Derecho Procesal Internacional de Montevideo de 1889 y 1940, la Convención Internacional sobre Arbitraje Comercial Internacional (Panamá 1975), ratificada por la Ley Nro. 14.534, la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales (Montevideo 1979), ratificada por la Ley Nro. 14.953, la Convención de Nueva York sobre Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras (Nueva York 1958), ratificada por la Ley Nro. 15.229 y los Acuerdos sobre Arbitraje Comercial Internacional del Mercosur, ratificados por la Ley Nro. 17.834.

Tal como se dispone en la exposición de motivos del proyecto de Ley “Hoy en día el arbitraje, a través del acuerdo de voluntades de las partes, ha demostrado ser un instrumento apto para dirimir las diferencias entre los operadores de comercio internacional.”

A continuación remitimos un breve informe sobre las características principales de la Ley.

II. ¿Qué es el Arbitraje Comercial Internacional?

En primer lugar, es importante destacar que el arbitraje (cualquiera sea su tipo) es una forma de resolución de conflictos, que deja por fuera la participación del Poder Judicial. El arbitraje puede ser pactado por las partes con el fin que su conflicto sea dirimido en un territorio específico, por uno o más árbitros, los cuales dispondrán una resolución en forma de laudo. Esta resolución es inapelable, y solo puede ser revisada por órganos del Poder Judicial, en casos específicamente regulados.

Sin perjuicio, la Ley regula específicamente el Arbitral Comercial Internacional, que es un tipo de arbitraje, y define su alcance, es por ello que divide en dos partes fundamentales el concepto, el “Arbitraje Internacional” y el “Arbitraje Comercial”, ambos pilares fundamentales de éste tipo de arbitraje.

La Ley define al “Arbitraje Internacional” como aquel en el que las partes tienen sus establecimientos en Estados diferentes o cuando el lugar de cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones o el lugar del objeto del litigio esté situado fuera del Estado en el que las partes tienen su establecimiento. Es decir que un arbitraje solo se considera internacional si se cumplan alguna de las condiciones antes referenciadas, no es posible que las partes determinen la internacionalidad del proceso.

Por su parte, la Ley define al “Arbitraje Comercial” como aquel que comprende, sin limitar, operaciones comerciales de suministro o intercambio de bienes o servicios, arrendamiento de bienes (artículo 1 numerales 3 y 7), etc.

 III. El Proceso Arbitral.

La Ley, al igual que la Ley Modelo, regula todas las etapas del proceso arbitral, desde el acuerdo de arbitraje (por contrato o acuerdo privado), hasta la ejecución del laudo.

El artículo 7 de la Ley dispone sobre el denominado “Acuerdo de Arbitraje” que es aquel que debe efectivizarse por escrito, donde las partes resuelven hacer someter su controversia ante un tribunal arbitral, sin perjuicio que esto ya puede estar pactado anteriormente por medio de una cláusula contractual o acuerdo independiente.

Si bien la intervención del Poder Judicial en los casos arbitrales es casi inexistente, la Ley habilita a que cualquiera de las partes en un procedimiento arbitral solicite a un tribunal la adopción de medidas cautelares provisionales (artículo 9), aunque el tribunal arbitral también podrá adoptarlas, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley.

Asimismo, el tribunal arbitral o cualquiera de las partes podrá pedir la asistencia de un tribunal competente de nuestro país para la práctica de pruebas, y éste podrá atender dicha solicitud dentro del ámbito de su competencia y de conformidad con las normas aplicables (artículo 27).

Se dispone que, en el arbitraje de tres árbitros (dado que el tribunal podrá estar integrado por el número de árbitros que las partes dispongan, y a falta de acuerdo, éste estará integrado por tres árbitros), cada parte nombrará a su árbitro y entre ellos designarán al tercero. Si no existiera acuerdo por el tercer árbitro o una de las partes no designará al suyo, la cuestión deberá ser resuelta por los Tribunales Competentes, que en nuestro país serán los Tribunales de Apelaciones en lo Civil (artículo 6).

Por su parte, el artículo 19 de la Ley, dispone que el tipo de procedimiento a seguir podrá ser fijado por las partes, pero que, si estas no fijaran un parámetro de procedimiento, podrá hacerlo directamente el tribunal arbitral. Así también, y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 20, las partes pueden acordar el lugar del arbitraje y el idioma del mismo y si no lo hacen el tribunal arbitral tendrá potestades para designarlo.

Respecto del lugar del arbitraje, si bien éste debe ser específico, los miembros del tribunal tendrán derecho a reunirse en cualquier lugar independiente, para dirimir distintas cuestiones del procedimiento, ya sea para oír testigos, o revisar pruebas, entre otras.

A diferencia de un proceso judicial, y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23 numeral 2 de la Ley, salvo pacto en contrario, las partes pueden modificar o ampliar su demanda y contestación en cualquier momento, salvo que el tribunal arbitral entienda que dicha modificación o ampliación es improcedente en razón de la demora que ello pueda producir al proceso.

Por otro lado, las partes estarán habilitadas para convenir la no celebración de audiencias con el fin de presentar las pruebas, pero el régimen general supondrá la celebración de audiencias, que deberán ser notificadas con bastante tiempo de anticipación a las partes (artículo 24 numerales 1 y 2).

El tribunal decidirá el litigio de conformidad con las normas de derecho sustantivo elegido por las partes, no con respecto a sus normas de conflicto (artículo 28 numeral 1), pero si las partes no indicaran el derecho aplicable, el mismo será escogido por el tribunal arbitral.

 

Quedamos a su disposición por cualquier consulta o aclaración.

 

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