Residuos

Normativa en Materia de Gestión Integral de Residuos – Ley Nro. 19.829

Ponemos en su conocimiento que el pasado 30 de setiembre de 2019 se publicó en el Diario Oficial la Ley Nro. 19.829 promulgada por el Poder Ejecutivo con fecha 18 de setiembre de 2019 (en adelante, la “Ley”), mediante la cual se pretende proteger el medio ambiente y promover un modelo de desarrollo sostenible a través de la prevención y reducción de los impactos negativos de la gestión de los residuos, todo en concordancia con lo establecido en la Ley Nro. 17.283 (en adelante, la “Ley del Ambiente”). 

La Ley tiene un contenido amplísimo, por lo que en el presente informe nos remitiremos a identificar los puntos más importantes de la misma. Sin perjuicio de su posterior reglamentación, a continuación, detallamos las principales características de la Ley. 

El régimen sancionatorio será dispuesto por el MVOTMA (que más adelante se definirá), en conformidad con lo establecido por el artículo 6 de la Ley Nro. 16.112, el artículo 4 de la Ley Nro. 16.466, y el artículo 15 de la Ley del Ambiente y sus normas modificativas. 

La Ley no establece un plazo para su entrada en vigencia, por lo que es de aplicación lo dispuesto en el artículo 1 de nuestro Código Civil, el cual establece que se entenderá vigente a los diez días de su publicación.

 (a) Residuos.

El artículo 3 de la Ley establece una serie de definiciones, entre ellas, define al residuo o desecho como “las sustancias, materiales y objetos, de los cuales alguien se desprende o da disposición final, o se propone o está obligado a desprenderse o darle disposición final. Dejan de tener dicha condición cuando son sometidos a alguna operación de valorización, en las condiciones que establezca la reglamentación”. Quedan comprendidos en la presente Ley los residuos sólidos, semisólidos, líquidos o gaseosos, que, por sus características fisicoquímicas, no puedan ser ingresados en los sistemas tradicionales de tratamiento de vertidos o emisiones. No quedarán comprendidos los residuos radiactivos y aquellos generados en la exploración o explotación minera, cuando puedan ser gestionados en el sitio donde se realiza la explotación o explotación. 

Por su parte, el artículo 5 de la Ley establece los distintos tipos de residuos y sus definiciones, entre los que se encuentran: (i) los residuos domiciliarios; (ii) los residuos de limpieza de espacios públicos; (iii) los residuos de actividades económico-productivas; (iv) los residuos sanitarios; (v) los residuos de obras de construcción; (vi) los residuos de suelo contaminado; (vii) los residuos de sedimentos; y (viii) los residuos especiales (envases, embalajes, baterías, pilas, electro-electrónicos, neumáticos, entre otros). 

Es, de acuerdo a la Ley, un deber general del Estado, de los Gobiernos Departamentales, de los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, así como de cualquier otro órgano del Estado, y de las personas de derecho público no estatal o personas físicas o jurídicas privadas, minimizar la generación de residuos y gestionar los mismos de acuerdo a lo establecido en la Ley y en las reglamentaciones que se proveerán, siendo responsable todo generador de residuos – permanente, esporádico o eventual – por la gestión de los mismos, en todas las etapas del residuo. 

La Ley habilita a delegar en aquellos sujetos autorizados o habilitados las distintas operaciones tendientes a la gestión de los residuos (artículo 7 de la Ley).

El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (en adelante, el “MVOTMA”) será el órgano competente en la materia, a través de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (en adelante, la “DINAMA”). Sin perjuicio, los gobiernos departamentales deberán ejercer los cometidos de gestión que se les asignen, sin perjuicio de las competencias nacionales.

(b) Política Nacional de Gestión de Residuos. 

La Ley dispone que la política nacional de gestión de residuos forme parte de la política ambiental nacional, y deberá basarse en los principios dispuestos por el artículo 6 de la Ley del Ambiente. 

Asimismo, la Ley establece las directrices generales en cuanto a la gestión de residuos, instaurando una escala jerárquica, detallada de la siguiente forma: (i) en primer lugar, priorizar la minimización de la generación de residuos; (ii) en segundo lugar, promover la reutilización y valorización del residuo mediante el reciclaje; (iii) en tercer lugar, conseguir la valorización de los residuos; y (iv) en última instancia, proceder a su disposición (colocación de residuos para su tratamiento en relleno sanitario o depósito de largo plazo).

Es importante tener presente que, en base a estas directivas, las operaciones de gestión de residuos se deben realizar a través de actividades formales que aseguren el cumplimiento de las condiciones sanitarias y ambientales aplicables; se debe promover la inclusión social y laboral de los clasificadores de residuos, mantener la libre circulación de residuos entre las diversas zonas y jurisdicciones del país, propiciar la educación y capacitación para una gestión de residuos que sea responsable, participativa, eficiente y eficaz en todas las etapas de gestión.

En cuanto a las directrices específicas dispuestas por el artículo 12 de la Ley, aplicables a los residuos domiciliarios, se establece – entre otras – que se deberá: (a) promover la organización de la gestión de residuos domiciliarios por áreas o regiones; (b) disminuir la generación, segregación en origen y efectivizar una recolección selectiva; (c) adoptar mecanismos con el fin de asegurar la sustentabilidad del sistema y fomentar la inclusión social de los clasificadores registrados; y (d) efectivizar mejoras ambientales en los sitios de disposición final.

(c) Planes Nacionales y Departamentales de Gestión de Residuos. 

El MVOTMA deberá formular un Plan Nacional de Gestión de Residuos (en adelante, el “Plan Nacional”), el que deberá actuar como instrumento de planificación estratégica a efectos de implementar y desarrollar la política nacional de gestión de residuos (antes detallada), conteniendo los lineamientos de la actuación tanto pública como privada. El Plan Nacional será de carácter público y tendrá una vigencia de diez (10) años, debiendo ser revisado cada cinco (5) años. El primer Plan Nacional deberá ser obligatoriamente aprobado en un plazo máximo de dos (2) años contados a partir de la entrada en vigencia de la Ley (artículo 14).

A su vez, la Ley dispone la necesidad de crear Planes Departamentales de Gestión de Residuos (en adelante, el “Plan Departamental” y conjuntamente con el Plan Nacional, los “Planes”), estos tendrán el mismo alcance que el Plan Nacional, debiendo tomarlo como referencia. También deberá ser aprobado el primer Plan Departamental en un plazo máximo de dos (2) años contados a partir de la publicación del Plan Nacional en el Diario Oficial y en los sitios webs oficiales (artículos 15 y 18 de la Ley).

Se crea la Comisión y Planificación sobre Residuos (en adelante, la “Comisión”), quien deberá impulsar la coordinación, cooperación y colaboración entre las administraciones públicas en cuanto a los residuos, asesorar en la elaboración y aplicación de los Planes, entre otros cometidos. La Comisión funcionará en el ámbito del MVOTMA.   

Los Planes deberán ser acompañados de acciones de educación y capacitación para que la gestión de los residuos se haga de forma responsable, participativa, eficiente, eficaz y buscando la transparencia en las etapas. 

La Ley habilita a la participación en cuanto a la elaboración y seguimiento de los planes a los interesados y el público en general, en la forma que se dispondrá en la reglamentación. 

(d) Prevención y Valorización de Residuos.

El artículo 20 de la Ley establece ciertas priorizaciones que se deben tener en cuenta tanto los Planes como las actuaciones públicas y privadas: 

(i) La prevención en la utilización de envases retornables, y la aplicación de mejoras tecnológicas disponibles, entre otras;
(ii) La valorización de los residuos a efectos de su reutilización o reconversión en materia prima reciclada; y

(iii) La inclusión social de los clasificadores a través de los procesos de valorización de residuos.

Será necesaria, en cualquier caso, la segregación en origen, a partir de sistemas diseñados en base a los destinos finales que se les dará a esos residuos. La segregación es definida por la Ley como: “[…] proceso realizado por el generador, gestor o clasificador de residuos que consiste en la discriminación entre aquellos residuos que seguirán la vía de la valorización o de la disposición final” (artículo 3 literal V).

Esta obligación se impone al Estado, los Gobiernos Departamentales, los Entes Autónomos, los Servicios Descentralizados, así como todo Órgano del Estado, las personas de derecho público no estatal y las empresas. Éstas deberán implementar sistemas internos de clasificación y segregación de residuos en reciclables y no reciclables, en un plazo máximo de dos (2) años, a partir de la entrada en vigencia de la Ley. 

Por su parte, se promueve el reciclaje, obligándose por intermedio de la Ley a fabricantes e importadores de productos a divulgar la información necesaria para facilitar el reciclado y la adecuada gestión de dichos residuos. Además, dispone que el Estado deberá promover la investigación y el desarrollo tecnológico destinado a definir las mejores soluciones posibles para la gestión de residuos, entre otras acciones dispuestas por el artículo 24 de la Ley.

Se dispone también, que en la fabricación y comercialización de alimentos para consumo humano se priorizará la reducción en la fuente de pérdidas, desperdicios, y excedentes de alimentos, mejorando su procesamiento y/o manufactura. En casos que el alimento genere excedentes, se utilizará el mismo para generar alimento humano, siempre que mantenga las condiciones de sanidad e inocuidad alimenticia. 

(e) Residuos Especiales.

La Ley establece la responsabilidad extendida del fabricante e importador en la gestión de residuos especiales, excepto aquellos que sean gravados por el Impuesto Específico Interno de los productos en base a los cuales se generan. 

Únicamente podrán fabricar o importar productos alcanzados por las normas específicas relacionadas con la gestión de residuos especiales (envases y embalajes, ciertos residuos plásticos, baterías y pilas, electro-electrónicos, neumáticos fuera de uso, aceites usados no comestibles y comestibles, y vehículos fuera de uso) las personas físicas o jurídicas que se encuentren debidamente inscriptas en el registro que creará el MVOTMA. 

A su vez, la Ley obliga a los comerciantes, los puntos de venta al consumo, y a los intermediarios en la cadena de distribución y comercialización de dichos productos a recibir y aceptar la devolución y retorno de los productos o envases una vez culminada su vida útil, conforme a lo establecido en los planes de gestión. 

Estará gravada, de acuerdo al artículo 1º Bis del Título 11 del Texto Ordenado de 1996 la primera enajenación a cualquier título y la afectación al uso propio, realizadas por fabricantes e importadores de los siguientes bienes: envases, bandejas, cajas descartables, films plásticos, bolsas plásticas, entre otros. El Poder Ejecutivo podrá otorgar créditos fiscales a los fabricantes o importadores de bienes que utilicen para su comercialización envases retornables, siempre que se acredite su retornabilidad ante la DINAMA. 

Respecto a los fabricantes e importadores de productos que utilizan envases no retornables, la Ley ordena evitar el volumen y el peso de los mismos, de acuerdo a las necesidades de protección de contenido y comercialización del producto.

(f) Disposición Final de Residuos. 

El MVOTMA es el encargado de establecer las condiciones mínimas de diseño, operación y clausura de los sitios de disposición final. Solo podrá disponerse en rellenos sanitarios o depósitos de largo plazo autorizados por el MVOTMA.

A partir del 18 de setiembre de 2019 (fecha en que se promulgó la Ley) queda prohibido el ingreso de animales, personas ajenas a las operaciones de los rellenos de disposición final, así como la quema de residuos. 

Serán responsables por las actividades de disposición final, los titulares de dichas operaciones, por un período de diez (10) años para el caso de los residuos peligrosos y de cinco (5) años para el caso de residuos no peligrosos, luego de la clausura del establecimiento. 

Por su parte, el Poder Ejecutivo podrá establecer desestímulos a la disposición final de los residuos, estableciendo tasas o precios diferenciales.

(g) Responsabilidad por daños.

De acuerdo al artículo 62 de la Ley, las personas físicas o jurídicas serán responsables por los daños que por la gestión de residuos se puedan causar.

(h) Exportación. 

Queda terminantemente prohibida la exportación de residuos a: (i) las Partes del Convenio de Basilea relativa al Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación (Ley Nro. 16.221 del año 1991); (ii) a cualquier Estado importador de desechos peligrosos y otros comprendidos en el Convenio mencionado, los cuales no tuvieran consentimiento expreso o un fin ambiental racional; y (iii) cuando el Poder Ejecutivo declara la existencia de instalaciones y capacidad suficiente en el país para que se manejen en el mismo, o cuando declare que la escasez de los materiales que constituyen los residuos puede generar perjuicios para la economía nacional.

(i) Destrucción de Mercadería. 

Las mercadería u objetos que sean destinados a destrucción, ya sea por abandono o en mérito a una decisión aduanera o de barrera sanitaria, se les considerará residuos, y se entenderá cumplida la destrucción mediante los procesos de valorización, tratamiento o disposición final que autorice la DINAMA.  

Quedamos a disposición para evacuar cualquier consulta sobre estas u otras disposiciones contenidas en la Ley.

Fernández Secco & Asociados