Ley Nro. 19.775

Modificación de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas Ley Nro. 19.775

Ponemos en su conocimiento que el pasado 05 de agosto de 2019 se publicó en el Diario Oficial la Ley Nro. 19.775 (en adelante, la “Ley”), promulgada con fecha 26 de julio de 2019. Esta Ley modifica el Decreto-Ley Nro. 14.157 (en adelante, el “Decreto-Ley”), denominado “Ley Orgánica Militar” del 21 de febrero de 1974. Esta Ley pretende establecer los principios y disposiciones que rigen la composición, jurisdicción, organización, misiones, personal y logística de las Fuerzas Armadas (en adelante, las “FF.AA.”).

Esta nueva Ley, modificativa la antigua “Ley Orgánica Militar”, incorporando cambios sustanciales, buscando redefinir el papel que cumplen las FF.AA en nuestro país. Se otorga un plazo de dos (2) años para que cada sector de las FF.AA. y el Ministerio de Defensa Nacional aprueben sus correspondientes leyes orgánicas que se acompasen con esta nueva Ley.

Para comenzar, es menester hacer algunas aclaraciones útiles respecto de la organización de las FF.AA. que detallaremos a continuación:

  1. El Mando Superior de las FF.AA – según lo que establece el numeral 2) del artículo 168 de la Constitución -, corresponde al Presidente de la República actuando con el Ministro de Defensa, o el Consejo de Ministros.
  2. Las FF.AA están integradas por la Armada Nacional, el Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Uruguaya. Cada una de estas fuerzas además tiene un Comando General, dirigido por un Comandante en Jefe y asistido por un Estado Mayor. Los Comandantes en Jefe de cada una de las fuerzas, dependen del Mando Superior, a través del Ministerio de Defensa. 
  3. El Estado Mayor de Defensa, es un órgano de asesoramiento ministerial militar encargado de planificar y coordinar las actividades conjuntas de las FF.AA, bajo los lineamientos de la Política Militar de Defensa. El Jefe del Estado Mayor de la Defensa depende del Ministro de Defensa. 
  4. Las FF.AA, son una rama organizada, instruida, equipada y entrenada para ejecutar los actos militares que imponga la defensa nacional, por intermedio de misiones asignadas por ley y demás normas.

A continuación, remitimos un breve compendio de las disposiciones más significativas.

(a) Reducción de Oficiales Generales y Oficiales Superiores.

La Ley establece un número máximo de Oficiales Generales y Oficiales Superiores para cada una de las Fuerzas. Según el artículo 42 de la Ley, los Oficiales Generales del Ejército Nacional serán doce (12)  – siendo que antes eran dieciséis (16) –, los Oficiales Generales de la Armada Nacional serán siete (7) – cuando antes eran seis (6) –. Se mantiene incambiada la cantidad de Oficiales Generales de la Fuerza Aérea, los cuales serán seis (6).

En el artículo 42 además, se fija la cantidad de Oficiales Superiores de cada Fuerza. Los Oficiales Superiores, se encuentran por debajo de los Oficiales Generales en la escala jerárquica de las FF.AA., siendo conocidos más comúnmente como “Coroneles” en el Ejército y en la Fuerza Aérea, y ahora denominados “Capitán de Navío” en la Armada.

(b) Búsqueda de la excelencia, profesionalización y transparencia de la carrera militar.

En concordancia con la disposición de reducir el número de funcionarios en altos cargos, la Ley apunta a buscar la profesionalización y transparencia de la carrera militar, estableciendo ascensos transparentes por concurso, requisitos básicos de ingreso a los puestos, y haciendo foco en la promoción de la carrera militar.

Por ejemplo, el artículo 33 de la Ley establece que “[…] la profesión militar impone la capacitación permanente, sistemática y progresiva durante todas las etapas de la carrera […]”. Además, en el artículo 95, se dispone que los ascensos de grado se harán procurando: “[…] A) Estimular la profesionalización y capacitación. B) En tiempos de paz llenar las vacantes existentes. C) En caso de movilización total o parcial, completar los efectivos que exijan las necesidades […]”.

Los ascensos y/o descensos de grado, se prohíben si no hay vacantes reales. Antiguamente, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto-Ley, si existía algún coronel con los requisitos suficientes para ser ascendido, las FF.AA. lo podían hacer, sin perjuicio que hubiera o no vacantes. Para el ascenso, bajo esta Ley, será obligatoria la realización de concursos, en los que se tienen en cuenta diferentes aspectos, como lo son los méritos, las calificaciones, y el legajo.

En el artículo 101 se establecen todos los aspectos a tener en cuenta para el ascenso por concurso, entre los que se incluyen: “[…] conocimientos, antigüedad calificada, aptitudes y actitudes, calificación o evaluación del desempeño, capacitación que se posee en relación al grado para el cual se concursa y antecedentes registrados en el Legajo Personal […]”.

Para el descenso de grado – si se perdiera alguna de las aptitudes necesarias para el Cuerpo al que pertenece –, se prevé la solicitud de cambio, únicamente si hay vacantes y si el Poder Ejecutivo lo autoriza, en caso contrario, se bajará el rango dentro de las FF.AA. o se tendrá derecho a solicitar el retiro voluntario – si reúne los requisitos necesarios para ello -, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley.

Es importante aclarar, que si bien se prevé concurso para el ascenso de grado, la forma en que éste se otorga, difiere entre quienes son Personal Superior, y quienes son Personal Subalterno, siendo los primeros designados por el Poder Ejecutivo, y los segundos designados a través de un acto administrativo fundado.

(c) Eliminación de los Tribunales de Honor.

El artículo 145 de la Ley suprime los Tribunales de Honor que preveía el Decreto-Ley, exceptuándose los Tribunales de Honor respecto de las causas sometidas a su decisión antes de la entrada en vigencia de esta nueva Ley.

En su lugar se crea el denominado “Tribunal de Ética y Conducta Militar”, que tiene diferentes cometidos y funcionamiento que el anterior. Su cometido será juzgar la conducta, desde el punto de vista ético-moral de los Oficiales que estén en actividad o retirados, y a diferencia del anterior, éste no podrá desconocer fallos judiciales, y deberá emitir sus fallos en base a las resultancias que fundamenten el fallo de la Justicia Civil, Penal o Militar, en un plazo máximo de ciento ochenta (180) días.

Todo lo referido al régimen disciplinario y sus consecuencias, estará fuera de las competencias este nuevo Tribunal.

(d) Marco legal de derechos que no se encontraban amparados en el antiguo régimen.

A través de esta Ley, se reconocen legalmente diversos derechos de seguridad social y beneficios, tales como:

      1. Asignaciones familiares, primas por hogar constituido; compensación y licencia por contraer matrimonio u obtener reconocimiento judicial del concubinato; prima por nacimiento o adopción; licencia anual reglamentaria; licencias por maternidad y paternidad, contemplando situaciones de nacimientos múltiples y nacimientos prematuros; licencia por enfermedad; licencia por estudio (hasta veinte (20) días hábiles anuales); reducción de jornada laboral por lactancia; licencia por donación de sangre, órganos y tejidos; licencia por realización de exámenes genito-mamarios; licencia por duelo; licencia por retiro o jubilación, licencia por sufrimiento de violencia doméstica; licencia por custodiar urnas en elecciones, plebiscitos u otras actividades de la Corte Electoral, entre otras. (Ver artículo 75 y siguientes).
      2. Al Personal de las FF.AA. se lo divide en Personal Militar y Personal Civil, y a estos últimos en el artículo 29 se los enmarca como funcionarios públicos, lo que los hace beneficiarios de todos los derechos que los funcionarios públicos revisten y se rigen por el Estatuto del Funcionario Público. Para quienes son considerados Personal Militar, se crea un Estatuto del Funcionario Militar que se explicita en esta Ley en el Título IV.
      3. Los contratos de Servicio Militar del Personal Subalterno tendrán una vigencia inicial de un (1) año, y serán renovables por períodos mínimos de un (1) año y un máximo de dos (2) años, tal como lo establece el artículo 61 de la Ley. Pero, luego de transcurridos diez (10) años ininterrumpidos desde el ingreso como Personal Subalterno, el contrato se renovará automáticamente. 

(e) Eliminación de principio de Obediencia Debida.

Actualmente, ningún militar que esté bajo el mando de personal superior (a quién sí deben obediencia de acuerdo a las jerarquía de cargos, leyes y normativas vigentes) puede ampararse en el principio de la obediencia si ello implica una violación de los derechos humanos, de la Constitución o de cualquier normativa vigente. En los artículos 125 y 126 se establece que “[…] todo militar debe ajustar su conducta al cumplimiento de la Constitución y las leyes vigentes, así como a la observancia de los reglamentos militares, el respeto de las órdenes de superiores, la subordina con al régimen jerárquico y el cumplimiento de todas las obligaciones que se derivan del estado militar […]”. Todo militar tiene el deber de denunciar las órdenes que le son dadas en contravención a esta norma.