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Ley General de Derecho Internacional Privado

El pasado martes 17 de noviembre de 2020 fue promulgada la denominada Ley General de Derecho Internacional Privado (en adelante, la “Ley”), pero aún no ha sido publicada en el Diario Oficial.

Una vez publicado, su artículo 63 establece que entrará en vigor a los noventa (90) días contados desde dicha publicación.

Es importante destacar que este informe se basa en el texto aprobado por la Cámara de Senadores el pasado 1 de setiembre de 2020.

A continuación, precisaremos -a nuestro modo de ver- las principales disposiciones que tiene esta nueva Ley, pero fomentamos a quien lea este informe a realizar un análisis profundo de los cambios propuestas por esta nueva normativa, pues son de vital importancia para nuestro país.

Principales disposiciones de la Ley

– La principal disposición que establece esta nueva Ley es la derogación del Apéndice del Código Civil Uruguayo, así como cualquier y toda disposición que se oponga a lo reseñado en esta Ley.

– La Ley establece que los contratos internacionales (de acuerdo a la definición provista por la Ley) pueden ser sometidos a la ley que las partes elijan, la cual debe estar especificada en el contrato. La elección puede ser para todas las disposiciones del contrato o para alguna en particular. Pueden disponer la regulación de normas internacionales, siempre que estas hayan sido ratificadas previamente por Uruguay. No se aplicarán las normas de conflicto del derecho del estado que se elija. Por último, la elección de la normativa aplicable al contrato puede realizarse en cualquier momento, y la misma se retrotraerá al momento de perfeccionamiento del contrato.

– En el caso de no elegirse ley aplicable, o en el caso de ser una elección invalida, resultará aplicable para resolver sobre la validez, interpretación, efectos, modos de extinción de las obligaciones y cualquier aspecto relacionado a estos, la ley del lugar de cumplimiento del contrato. Para determinarla se deberán seguir los siguientes criterios:

  1. (i) Los que recaigan sobre cosa cierta e individualizada, se regirán por la ley del lugar donde existían al tiempo de su celebración;
  2. (ii) Los que recaigan sobre cosa fungible o determinada por su género, por la ley del domicilio del deudor al momento de celebrarse el contrato;
  3. (iii) Los que recaigan sobre prestaciones de servicios de cosas, por la ley donde estos se encontraban al momento de su celebración y los que recaigan sobre prestaciones de servicios donde su prestación se relacione con algún lugar en especial, se regirán por la ley de dicho lugar. En caso de ser indeterminable alguna de estas dos, se regirán por la ley del lugar del domicilio del deudor de la prestación característica del contrato, al momento de su celebración.

En caso de que no pudiera determinarse, aún con las referencias antes reseñadas, regirá la ley del lugar de celebración del contrato, y si tampoco esto pudiera ser determinado, regirá la ley del país con el cual el contrato presente los lazos más estrechos.

– La elección de ley NO supondrá la elección de Foro, NI la elección de Foro supondrá la elección de ley.

25 de Mayo 467 Of. 501, Montevideo Uruguay – Tel: (5982) 916.1913 Fax: (5982) 916.5740 E-mail: info@fernandezsecco.com – www.fernandezsecco.com

– El artículo 501 de la Ley dispone una serie de excepciones a los criterios antes mencionados de libre disposición.

– Las obligaciones no contractuales se regirán por la ley donde se hubiera producido el hecho, acto, ilícito, lícito o por la del lugar donde se hubiera producido el daño. La opción dependerá del damnificado.

Otras disposiciones de interés

– Se dispone un orden de prelación de regulación de las disposiciones del derecho internacional privado: (i) convenios internacionales, (ii) la Ley, y (iii) demás normas de fuente nacional relativas al derecho internacional privado.

– Se deberá aplicar el derecho extranjero de oficio, y en la forma que lo aplicarían los Tribunales del Estado en concreto.

– En caso de que la normativa extranjera contraríe en forma grave, concreta y manifiesta principios fundamentales (establecidos en la Constitución de la República o en los Convenios Internacionales aprobados por Uruguay), estas podrán ser desaplicadas por los órganos nacionales. Así sucederá también con normas imperativas de aplicación necesaria en Uruguay.

– Las relaciones jurídicas reconocidas por un Estado extranjero deben ser reconocidas también por nuestra República, siempre que estas no contraríen el orden público internacional.

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– Respecto del reenvío, el principio general será que cuando resulte de aplicación el derecho de un país extranjero, se refiere a la ley sustantiva de dicho Estado, exceptuando a sus normas de conflicto.

– La Ley establece que se considerará contrato internacional a aquel que sea suscripto por partes que tienen su residencia habitual o su establecimiento en Estados diferentes o cuando el documento tenga vinculaciones objetivas en más de un Estado.

– Define el domicilio de la persona física (reseñando disposiciones especiales para diplomáticos y personas físicas incapaces), dando prelación a los siguiente: (i) su residencia habitual, (ii) la residencia habitual del núcleo familiar, (ii) el centro principal de su actividad laboral o de negocios, (iv) la simple residencia, o (v) el lugar donde se encuentre.

– Define también el domicilio de las personas jurídicas privadas, que será en el cual estas tengan su sede principal; en el caso de sucursales éstas se regirán por el lugar en donde estas funcionan. En cuanto a su existencia, naturaleza, capacidad para ser titular de derechos y obligaciones, funcionamiento, representación, disolución y liquidación por la ley del lugar de su constitución.

– Define que, en el matrimonio, la ley que lo regirá será la del lugar de celebración de este. Y define el domicilio conyugal como aquel en el cual los conyugues viven de consuno o donde éstos tienen sus domicilios propios (no habrá otras posibilidades de definir un domicilio.

– La filiación por su parte se rige por la ley del domicilio conyugal al momento de nacimiento del hijo y en su defecto, por el domicilio que tenga la madre al momento del nacimiento, sin perjuicio de algunas excepciones.

– En el caso de las uniones no matrimoniales, se tomará como ley aplicable la del lugar donde estas fueron registradas o reconocidas.

– Las sucesiones testadas o intestadas se regirán por la Ley de ubicación de los bienes al momento de fallecimiento del causante.

– La calidad, posesión, enajenabilidad absoluta o relativa y a todas las relaciones de carácter real de los bienes se regularán por la ley del estado donde están situados.

– Los derechos sobre créditos o valores estarán situados en el lugar donde la obligación debe cumplirse, pero si ese lugar no pudiera determinarse se reputarán situados en el domicilio que hubiere constituido en aquel momento el deudor, y en caso de que esto tampoco pudiera ser determinado, regirá el domicilio de dicho deudor al tiempo de constituirse los derechos, o su domicilio actual.

– Los títulos accionarios se entenderán situados por el lugar de constitución de la sociedad emisora de estos.

– Serán competentes los tribunales de la República Oriental del Uruguay, entre otras dispuestas en el artículo 57 de la Ley, cuando: (i) la parte demandada, persona física o jurídica, está domiciliada en Uruguay, (ii) tiene en Uruguay establecimiento, agencia, sucursal o cualquier otra forma de representación, (iii) la materia que constituye el objeto de la pretensión deducida se rige por la normativa uruguaya, (iv) para conocer de una demanda en garantía o intervención de terceros en el proceso, siempre que exista

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conexión razonable entre las pretensiones y no se afecte el derecho de defensa de los terceros citados, (v) en caso de acciones personales, cuando el demandado, después de promovida la acción, comparezca en el proceso ejerciendo actos positivos de defensa, (vi) para adoptar medidas provisorias o conservatorias, aun cuando no sean competentes para conocer el fondo del asunto, de conformidad con lo establecido en el artículo 535 del Código General del Proceso.

Quedamos a disposición por cualquier aclaración y/o ampliación que necesiten.

1 “Artículo 50. (Soluciones especiales).- No son aplicables las normas anteriores del presente capítulo a los siguientes contratos aunque revistan la calidad de internacionales, los cuales se regirán por las normas que a continuación se indican: A) Se rigen por la ley de la República los contratos que constituyan, modifiquen o transfieran derechos reales y los contratos de arrendamiento sobre inmuebles situados en ella. B) Las obligaciones contractuales que tienen como objeto cuestiones derivadas del estado civil de las personas, sucesorias, testamentarias, regímenes matrimoniales o aquellas que dimanan de relaciones de familia, se rigen por la ley que regula la respectiva categoría. C) Las obligaciones derivadas de títulos valores, y la capacidad para obligarse por estos títulos, se rigen por la ley del lugar donde son contraídas. La forma del giro, endoso, aval, intervención, aceptación o protesto del título de crédito se rige por la ley del lugar en que cada uno de dichos actos se realice. Cuando el título no indicare el lugar en que se hubiere contraído una obligación, esta se regirá por la ley del lugar donde la misma deba ser pagada, y si tal lugar no constare, por la del lugar de su emisión. D) Las obligaciones provenientes de la venta, transferencia o comercialización de

bienes en los mercados de valores, se rigen por la ley del Estado de su emisión, sin perjuicio de la elegida por las partes cuando esta fuese reconocida por dicha ley, y de lo establecido en leyes especiales. E) Los contratos otorgados en relaciones de consumo se rigen: 1) Por la ley del Estado donde los bienes se adquieren o los servicios se utilizan por parte del consumidor. 2) En caso de que los bienes se adquieran o los servicios se utilicen en más de un país o no pudiere por otras circunstancias determinarse dicha ley, se regirán por la ley del lugar del domicilio del consumidor. 3) En los contratos celebrados a distancia, así como cuando la celebración ha sido precedida de ofertas o publicidad específica en el domicilio del consumidor, se aplicará la ley de este Estado, siempre que el consumidor hubiere prestado su consentimiento en él. F) Los contratos individuales de trabajo en relación de dependencia -excepto los de trabajo a distancia- se rigen por la ley del lugar donde se presta el trabajo o por la ley del domicilio del trabajador o por la ley del domicilio del empleador, a elección del trabajador. Pero una vez determinada la misma, regirá todos los aspectos de la relación laboral. G) Los contratos de seguros se rigen por la Ley de Contratos de Seguros N° 19.678, de 26 de octubre de 2018. H) Los contratos de transporte por agua se rigen por la Ley de Derecho Comercial Marítimo N° 19.246, de 15 de agosto de 2014”.

Fernández Secco & Asociados