FS Ene 15

La Ley que modifica algunos de los artículos de la Ley Nro. 15.921 (Ley de Zonas Francas)

Ponemos en su conocimiento que el pasado 9 de enero de 2018 se publicó en el Diario Oficial la Ley Nro. 19.566, emitida con fecha 8 de diciembre de 2017 por el Poder Ejecutivo – Ministerio de Economía y Finanzas. La Ley modifica algunos de los artículos de la Ley Nro. 15.921 (Ley de Zonas Francas) (en adelante, la “Ley”).

A continuación, precisamos el contenido principal de la nueva norma.

Alcance y Objetivos.

En primer lugar, se sustituye el artículo 1º de la Ley y se incorporan los artículos 1º bis y 1º ter. El artículo 1 expande las finalidades de la norma, ampliando la declaración de interés y la promoción de las zonas francas para incentivar las inversiones, las matrices productivas, generar empleo, incrementar la mano de obra nacional, impulsar las actividades tecnológicas, entre otras listadas en el artículo.

Por su parte, el artículo 1 bis dispone que las delimitaciones de las Zonas Francas, serán dispuestas por el Poder Ejecutivo. En la normativa anterior, el Poder Ejecutivo delimitaba las zonas, previo análisis por parte de la Comisión Honoraria Asesora de Zonas Francas.

El Poder Ejecutivo tendrá potestad de considerar el impacto de las actividades a ser realizadas en las Zonas Francas sobre la capacidad de las empresas que ya se encuentren instaladas en territorio nacional, a los efectos de determinar la inclusión de dichas actividades a una Zona Franca o no, teniendo como base y fundamento los objetivos planteados en el artículo 1 de la Ley.

El Poder Ejecutivo podrá determinar requisitos específicos para empresas que instalen sus servicios en un área de Zona Franca, como, por ejemplo, estableciendo niveles mínimos de personal o activos fijos, u otros requisitos que entienda necesarios.

El artículo 1 ter. delimita al Área Metropolitana como el área geográfica comprendida en un radio de 40 (cuarenta) kilómetros respecto del Centro de Montevideo. El resto del territorio será, todo el territorio nacional excluidas las Zonas Francas.

Actividades Comprendidas.

La nueva normativa sustituye el literal C) del artículo 2 de la Ley, definiendo que los servicios que se presten a terceros países desde una empresa ubicada en Zona Franca, incluirán el territorio nacional no franco, siempre que se trate de empresas que se encuentren gravadas por el Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE) y siempre que ello no afecte los monopolios estatales o concesiones públicas.

Se define por intermedio de la incorporación del artículo 2 bis (inexistente en la normativa anterior), lo que se entiende como “actividades comerciales”: a) compraventa de bienes o mercaderías que tienen por origen y destino el exterior del territorio nacional; b) compraventa de bienes o mercaderías que tienen por origen y destino el territorio nacional; y c) actividades logísticas, entendidas como operaciones de las cuales es objeto la mercadería.

Sin perjuicio que la actividad logística incluye el depósito, almacenamiento, entre otras, también incluye la elaboración de envases, embalajes, etiquetas u otros productos, siempre que se utilicen para la comercialización de la mercadería.

Por último, la Ley Nro. 19.566 incorpora el artículo 2 ter. y establece que los servicios que se pueden brindar en la Zona Franca son de cualquier tipo siempre que se presten dentro de la Zona Franca, y a otras Zonas Francas o a terceros países.

Además, se podrán prestar servicios al territorio nacional solo si se trata de: (a) un centro internacional de llamadas, (b) casillas de correo electrónico, (c) educación a distancia, y (d) emisión de certificación de firma electrónica. Estos servicios recibirán el mismo tratamiento tributario que los prestados desde el exterior del país.

El Poder Ejecutivo tendrá potestad para habilitar mediante reglamento, otros servicios que puedan ser prestados desde Zonas Francas a territorio nacional.

Usuarios de Zona Franca.

La Ley Nro. 19.566 sustituye íntegramente el artículo 14 de la Ley, dando una definición a lo que se entiende por Usuario de Zona Franca. En el caso de tratarse de personas jurídicas, las mismas deberán tener por objeto la realización de alguna de las actividades permitidas por la Ley.

Las empresas instaladas en Zonas Francas no podrán realizar actividades industriales, comerciales o de servicios en el resto del territorio nacional, salvo que las que expresamente se permitan en esta Ley.

Los usuarios sí podrán realizar las siguientes actividades fuera del área de Zona Franca: (i) cobranzas de carteras morosas a través de terceros, y (ii) exhibición de otros usuarios que se instalen en Zonas Francas con menores ventajas, con una duración máxima de siete días y siempre que no se realicen más de cuatro por año.

Los usuarios de Zonas Francas pueden desarrollar su actividad fuera del Área Metropolitana (de acuerdo a la definición antes reseñada), en oficinas administrativas proporcionadas por desarrolladores de zonas francas, siempre que éstas tengan una naturaleza complementaria de la actividad sustantiva, como ser las relaciones públicas, el manejo de documentación auxiliar, facturación y cobranza de bienes y servicios. En ningún caso se admitirá la prestación de los servicios sustantivos en estas oficinas.

Se agrega, asimismo, el artículo 14 bis. a la Ley por medio del cual se permite a los usuarios de Zonas Francas realizar actividades fuera del territorio nacional, siempre que las mismas sean necesarias o complementarias para la realización de las actividades previstas en el contrato y su correspondiente plan de negocios, el cual deberá ser aprobado por el Área de Zonas Francas de la Dirección General de Comercio.

Si esto no se cumpliera o se cumpliera incorrectamente, el Área de Zonas Francas podrá proceder a revocar la autorización del contrato de pleno derecho (esto se incluye como agregado al artículo 15 de la Ley).

Contrato de Usuario.

La nueva normativa sustituye el artículo 16 de la Ley, agregando a la obligación de requerir autorización del Área de Zona Franca sobre los contratos suscriptos por quienes exploten zonas francas como usuarios directos, o los contratos celebrados entre usuarios directos e indirectos, un plazo específico de duración de los mismos.

Los Contratos tendrán un plazo máximo de 15 años si se trata de actividades industriales y de 10 años si se trata de actividades comerciales o de servicios. En el caso de usuarios indirectos, el plazo máximo de sus contratos será de 5 años para cualquier tipo de actividad. Esto incluye las prórrogas que se determinen para cada uno de los contratos, no aceptándose el pacto de cláusulas de prórroga automática.

En el caso de querer solicitarse una prórroga, la misma deberá ser solicitada al Área de Zona Franca dentro de un plazo no menor a ciento ochenta días previos al vencimiento del plazo y siempre que haya transcurrido un 85% del plazo del contrato. Si el Área de Zona Franca no se pronuncia dentro del plazo de 180 días, y siempre que se haya presentado toda la documentación necesaria para ser concedida la prórroga, se entenderá que existió una autorización tácita.

Los contratos de usuarios de Zona Franca fuera del Área Metropolitana, podrán tener un plazo mayor a los reseñados precedentemente, cumpliendo las condiciones que defina el Poder Ejecutivo mediante reglamentación.

Todos los usuarios que actualmente tengan contrato vigente con plazos que excedieren los previamente dispuestos, deberán presentar su contrato dentro del año de reglamentada la Ley, para ser aprobados nuevamente por el Área de Zona Franca y dependerá del Poder Ejecutivo la aprobación de la extensión o no de su contrato. Si no cumpliera con los requisitos, el Poder Ejecutivo tendrá potestad para extender el contrato no más del 30 de junio de 2021. Si los usuarios no se presentaran en el plazo antes indicado a regularizar su contrato, se les otorgará un plazo de 90 días más, pero una vez vencido dicho plazo, el Área de Zona Franca revocará la autorización contractual otorgada, por medio de un procedimiento que establecerá la futura reglamentación de la Ley.

El artículo 16 ter que se incorpora a la Ley establece que los usuarios de Zona Franca deben presentar cada dos años, una declaración jurada con información relativa al cumplimiento del proyecto de inversión aprobado, en la forma y condiciones que establezca el Poder Ejecutivo por reglamentación. De lo contrario se impondrán sanciones.

Obligaciones y Derechos.

Se sustituye por la ley Nro. 19.566, el artículo 18 de la Ley determinando que los usuarios de Zona Franca deben tener un 75% de personal constituido como ciudadano uruguayo, natural o legal. Si el prestador tuviera características especiales – que entendiera el Poder Ejecutivo – podrá reducirse el porcentaje de participación nacional.

En el caso de actividades de servicios, el porcentaje mínimo de ciudadanos uruguayos, naturales o legales, podrá ser del 50% por hasta el plazo total de vigencia del contrato.

Se agrega a la Ley, un artículo 20 bis. por el que se dispone que las empresas particulares que estén autorizadas a desarrollar una zona franca, no se encontrarán amparadas en los beneficios que se le otorgan por la Ley a los usuarios de Zona Franca. No obstante, los desarrolladores de zonas francas localizadas fuera del Área Metropolitana, estarán exoneradas de todo tributo nacional, creado o a crearse, incluso de aquellos que por ley se requiera exoneración específica, con excepción del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas, las contribuciones especiales de seguridad social y las prestaciones legales de carácter pecuniario establecidas a favor de personas de derecho público no estatales de seguridad social.

Derechos de Propiedad Intelectual.

Se sustituye el artículo 20 de la Ley, determinándose que las rentas derivadas de la explotación de derechos de la propiedad intelectual y otros bienes intangibles estarán exentas siempre que se trata de actividades de investigación y desarrollo. Si se trata de bienes amparados por la protección y registro de los derechos de propiedad intelectual, las rentas derivadas de los mismos estarán exoneradas exclusivamente por el monto correspondiente a la relación que guarden los gastos o costos directos incurridos para desarrollar dichos activos incrementados en un 30%, sobre los gastos o costos totales incurridos para desarrollarlos.

Se sustituye el artículo 42 de la Ley, disponiéndose que las empresas particulares autorizadas a desarrollar una zona franca deben realizar sus actuaciones de acuerdo a la autorización concedida por el Área de Zona Francas, de lo contrario se les aplicará una multa de hasta 10.000.000 UI (aprox. USD 347.316.326), sin perjuicio de la revocación de la autorización.

Asimismo, podrán ser sancionados con prohibición de ingresos y egresos de bienes o mercaderías o la realización de cualquier operación en calidad de usuario por un tiempo determinado o con la pérdida de los beneficios que la Ley le concede.

Las sanciones se graduarán de conformidad con el artículo 100 del Código Tributario, el cual regula la materia de graduación de sanciones.

Quedamos a su disposición por cualquier consulta o ampliación que consideren necesaria.