FS Abr 02

Inclusión Financiera obligatoria

Ponemos en su conocimiento que el pasado 01 de abril de 2018 comenzó a regir la obligación de abonar mediante medios de pago electrónico, los servicios domésticos, así como los negocios jurídicos sobre bienes inmuebles y vehículos, y las operaciones de montos elevados, de acuerdo a lo dispuesto en los Decretos Nro. 350/017, 351/018, y 352/018 de fecha 19 de diciembre de 2017, reglamentarios de la Ley de Inclusión Financiera (Nro. 19.210) (en adelante, la “LIF”), emitidos por el Ministerio de Economía y Finanzas.
Decreto Nro. 351/018 – Negocios Jurídicos sobre Bienes Inmuebles y Vehículos.


Por Decreto Nro. 351/018 se dispuso que, a partir del 1 de abril de 2018, regirán las disposiciones contenidos en los artículos 40 y 41 de la LIF, donde se establecen los medios de pago para las operaciones que involucran bienes inmuebles y vehículos, cuando el precio supere los 40 mil UI (cuarenta mil unidades indexadas) (aproximadamente USD 5.000).


Se dispone que en estos casos será válida la utilización de: (i) letras de cambio cruzadas, que deberán estar a nombre del adquirente del bien; (ii) medios de pago electrónico; y (iii) hasta el 31 de diciembre de 2018, cheques comunes o diferidos, cruzados y con la cláusula de “no a la orden”.


Los pagos podrán efectuarse a través de instrumentos cuyo titular o emisor sea un sujeto distinto al que realiza la operación. En la misma línea, los fondos podrán depositarse en una cuenta cuyo titular no sea el acreedor del negocio.


La utilización de medios de pago distintos a los admitidos (por ejemplo, el uso de efectivo) será sancionado con una multa equivalente al 25% (veinticinco por ciento) del monto abonado o percibido incorrectamente, siendo responsables en forma solidaria, tanto quienes lo abonen, como quienes reciban el dinero.


Decreto Nro. 350/018 – Operaciones de Montos Elevados


Por su parte, y por las disposiciones contenidas en el Decreto Nro. 350/17, también a partir del 1 de abril de 2018 comenzaron a regir las disposiciones contenidas en los artículos 35 y 36 de la LIF que restringen el uso de efectivo para el pago de operaciones de más de 40 mil UI (cuarenta mil unidades indexadas) (aproximadamente USD 5.000) y de más de 160 mil UI (ciento sesenta mil unidades indexadas) (aproximadamente USD 20.000).


La obligación de pagar por medios electrónicos, en estos casos, se extingue si una de las partes es: (i) una institución de intermediación financiera; (ii) una institución emisora de dinero electrónico; (iii) una entidad que preste servicios financieros de cambio, crédito o transferencias domésticas y al exterior, regulada por el Banco Central del Uruguay; o (iv) una empresa cuya actividad principal sea la de realizar préstamos en dinero siempre que esté vinculada a cualquiera de las entidades referidas en los numerales anteriores.
Tampoco será de aplicación, cuando se disponga una regulación específica según los términos de la LIF, como es el caso de los alquileres, compraventa de inmuebles, entre otros.
Para el caso de los pagos que superen los 40 mil UI (cuarenta mil unidades indexadas), la norma no establece ningún medio de pago específico, simplemente dispone que no se puede utilizar efectivo; mientras que para el caso de las operaciones que superen los 160 mil UI (ciento sesenta mil unidades indexadas) se definen taxativamente los siguientes medios de pago admitidos: (i) cheque diferido, cruzado, y con la cláusula de “no a la orden”; (ii) medios de pago electrónico; y (iii) hasta el 31 de diciembre de 2018 cheques comunes, cruzados y con la cláusula de “no a la orden”, cheques diferidos cruzados y letras de cambio cruzadas.


En caso de incumplimiento, se aplicará una sanción de una multa equivalente al 25% (veinticinco por ciento) del monto abonado o percibido incorrectamente (con un mínimo de mil unidades indexadas o diez mil unidades indexadas en caso de reincidencia), siendo responsables solidariamente quienes pagan y quienes reciben el pago.
Decreto Nro. 352/018 – Pago de Servicios Domésticos.


De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Nro. 352/018, a partir del 1 de abril del corriente comenzó a regir la obligación de abonar a los trabajadores domésticos debidamente registrados en el Banco de Previsión Social, en la categoría de “mensuales”, su remuneración por medio de medios de pago electrónicos, en la institución que el trabajador elija.
Los trabajadores jornaleros no se verán alcanzados por esta obligación hasta el 1 de enero de 2019.


Además, esta obligación no será de aplicación en caso que el empleador estuviera percibiendo una jubilación, pensión o retiro por cualquier instituto de seguridad social, dado que en estos casos se podrá seguir abonando en efectivo.

Quedamos a su disposición por cualquier consulta o ampliación que consideren necesaria.

Fernández Secco & Asociados