Emprendedurismo  01

Fomento del Emprendedurismo – Ley Nro. 19.820

El pasado 27 de setiembre de 2019, se publicó en el Diario Oficial la Ley Nro. 19.820, promulgada por el Poder Ejecutivo con fecha 18 de setiembre de 2019 (en adelante, la “Ley”), mediante la que se pretende promover el emprendedurismo – declarándoselo de interés general -, a través del desarrollo y la difusión de una cultura nacional emprendedora, la promoción y el desarrollo de emprendimientos y emprendedores. 

La Ley no establece un plazo para su entrada en vigencia, por lo que es de aplicación lo dispuesto en el artículo 1 de nuestro Código Civil, el que establece que se entenderá vigente a los diez (10) días de su publicación.

Señala la Ley que el Sistema Nacional de Transformación Productiva y Competitividad – creado por la Ley Nro. 19.472 publicada en el Diario Oficial el 17 de enero de 2017 – será el encargado de coordinar y articular iniciativas y acciones de instituciones públicas y privadas en materia de emprendimientos. Se creará un Plan Nacional de Transformación Productiva y Competitividad, en razón de lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley, donde se incluirá un capítulo relativo al fomento de los emprendimientos, el cual se denominará Plan Nacional de Emprendimiento y que comprenderá el Plan Integral para el Desarrollo y Difusión de una Cultura Emprendedora. Estos y otros planes que crea la Ley buscarán fortalecer “[…] los vínculos entre emprendedores, empresarios y las instituciones dedicadas al Formento del emprendimiento con el sistema educativo […]”.

Por su parte y a los efectos de regular los planes antes mencionados, se creará el Consejo Consultivo de Emprendimientos (en base a lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley Nro. 19.472) a efectos de asesorar, colaborar y realizar el seguimiento conjunto de las acciones orientadas a fomentar el emprendedurismo. 

A continuación, detallamos las principales características de la Ley.

  1. Sociedad por Acciones Simplificadas (S.A.S.)

La Ley es de suma importancia, puesto que crea la Sociedad por Acciones Simplificadas (en adelante, las “SAS”). En lo no previsto por esta Ley, las SAS se regirán por el contrato o estatuto social, y por las normas legales que rigen las Sociedades Anónimas, dispuestas en la Ley Nro. 16.060 de Sociedades Comerciales (en adelante, “LSC”). 

El artículo 8 de la Ley establece que las SAS serán sociedades comerciales, en las que su capital estará representado por acciones, no siendo los accionistas responsables por las obligacione sociales, laborales, tributarias o de cualquier otra naturaleza, salvo que se declare inoponible la personalidad jurídica de la sociedad, en virtud de lo dispuesto por los artículos 189 a 191 de la LSC.  

No podrán conformarse como SAS, las sociedades que hagan oferta pública de sus acciones; aquellas en las que sea accionista el Estado, un Gobierno Departamental, un Ente Autónomo, un Servicio Descentralizado, o una persona pública no estatal; aquellas que se dediquen a actividades para las cuales la Ley disponga la adopción de un tipo social específico; ni las sociedades anónimas constituidas antes de la vigencia de la Ley que se transformen en otro tipo social luego de su sanción.

 Serán sometidos a fiscalización del órgano estatal de control aquellas SAS que, al cierre de ejercicio, sus ingresos anuales superen los treinta y siete millones quinientas mil Unidades Indexadas (37.500.000 UI), en los mismos términos que para el caso de las sociedades anónimas cerradas.

(a) Constitución de la SAS.

Podrán constituir una SAS tanto una persona física como jurídica, siempre que sea distinta de una sociedad anónima, o varias personas físicas o jurídicas.

El artículo 11 de la Ley establece que el acto constitutivo de la SAS deberá otorgarse por escrito, en documento público o privado, e inscribirse en el Registro de Personas Jurídicas, Sección Registro Nacional de Comercio con un plazo de treinta (30) días desde el otorgamiento. A su vez, el Poder Ejecutivo, por medio de la reglamentación de la presente Ley, perfeccionará un procedimiento de constitución de las SAS vía web, el cual operará con firma electrónica avanzada, y que luego deberá ser remitido al Registro Público correspondiente, debiendo éste proceder a su calificación dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al envío de la documentación. 

Los estatutos de las SAS deberán contener, como mínimo, los siguientes requisitos: 

(i) Nombre, documento de identidad o número de identificación fiscal;
(ii) Denominación de la sociedad (debe ser distinta de otras sociedad ya existente), seguida de las palabras “sociedad por acciones simplificada” o de las letras S.A.S.;

(iii) Domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales;
(iv) Plazo de duración (no tiene limitación alguna);
(v) Enunciación clara y completa de las actividades comprendidas en el objeto social, a menos que se exprese que la SAS podrá realizar cualquier actividad comercial o civil lícita;
(vi) Capital social de la SAS, suscrito e integrado, en moneda nacional, la clase, número y valor nominal de las acciones representativas del capital;
(vii) Forma de administración y facultades de sus administradores.

(b) Capital Social y Acciones.

El capital social deberá ser íntegramente suscrito o integrado en el acto de constitución de la SAS, en el que se deberá integrar un mínimo del diez por ciento (10%) del capital social si la integración fuera en dinero, o del cien por ciento (100%) si fuera en especie. El plazo para la integración total de las acciones será de veinticuatro (24) meses. 

A su vez, el capital estará representado por acciones nominativas, endosables o no, o por acciones escriturales que tendrán igual valor nominal y serán indivisibles. Podrán establecerse clases y series de acciones, debiendo establecerse por medio de los estatutos de la SAS los derechos correspondientes a las mismas.

Será en los estatutos donde se establecerán los derechos de votación que le correspondan a cada clase de acciones, pudiéndose prever las acciones sin derecho a voto, con excepción de las asambleas o reuniones de socios en que se consideren resoluciones o reformas que den derecho a receso. En caso de inexistencia de regulación al respecto, el derecho a voto será singular. 

Es importante tener presente que la Ley autoriza al establecimiento de restricciones y prohibiciones, las que no podrán exceder de los diez (10) años, a negociar las acciones emitidas por la sociedad o alguna de sus clases. 

(c) Organización de la Sociedad.

La estructura orgánica de la SAS será determinada de forma libre por los estatutos. En caso de no presentarse previsión alguna, las funciones que son otorgadas a las sociedades anónimas, en la LSC, serán ejercidas por la asamblea de accionistas o por el accionista único, y las funciones de administración y representación de la sociedad estarán a cargo del representante legal. 

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley, la asamblea y los demás órganos sociales podrán participar y deliberar en reuniones celebradas en el domicilio de la SAS o en cualquier otro lugar que le permita a sus integrantes participar y deliberar, aunque no se encuentre presente la totalidad del capital integrado. Las mismas se podrán realizar presencialmente, por videoconferencia o por cualquier otro medio de comunicación simultánea. 

Las actas de estas reuniones, deberán elaborarse y asentarse en el libro respectivo dentro de un plazo máximo de treinta (30) días.

Dice la Ley que salvo estipulación estatutaria en contrario, la asamblea de accionistas deberá ser convocada por el representante legal de la SAS con un preaviso de diez (10) días hábiles. La comunicación deberá realizarse en el domicilio, ya sea físico o electrónico, registrado por el accionista en la SAS (artículo 25). En el aviso de la asamblea se deberá insertar – como hasta ahora – el orden del día de la asamblea. 

A su vez, en dicha convocatoria, se podrá incluir una segunda reunión, la que no podrá ser fijada para una fecha anterior a los diez (10) días hábiles siguientes a la primera, ni posterior a los treinta (30) días hábiles. 

Sin perjuicio de lo antes referido, la Asamblea podrá celebrarse sin que haya mediado convocatoria alguna, siempre y cuando se reúnan los accionistas que representen la totalidad del capital integrado. En caso que cualquier accionista se oponga a cierto asunto, las resoluciones adoptadas sobre el tema serán nulas. 

La representación legal de la SAS estará a cargo de una o más personas físicas o jurídicas y a falta de estipulación, se entiende que éstos se encuentran legitimados para gestionar negocios sociales, celebrar y ejecutar todos los actos y contratos que no sean notoriamente extraños al objeto social de la SAS, según dispone el artículo 30 de la Ley.

La Ley dispone por su parte que los administradores y representantes legales de las SAS serán responsables personalmente en caso de violaciones a las normas legales o estatutarias, y a sus deberes fiduciarios de lealtad y buena fe. En el caso que la decisión provenga de un órgano colegiado, será una responsabilidad solidaria, teniendo presente la posibilidad de eximirse, conforme a la LSC. 

También serán responsables aquellas personas que actúen o desempeñen, en forma estable y permanente, una actividad positiva de gestión, administración o dirección de la SAS. 

(d) Reformas estatutarias y reorganización de la Sociedad.

Las reformas estatutarias y de reorganización de la Sociedad, serán aprobadas por el accionista único o por la asamblea de accionistas, siempre que representen la mayoría del capital integrado con derecho a voto. Sin embargo, las restricciones a la negociación de acciones, o el receso o exclusión de accionistas, o la resolución de conflictos societarios, deberán ser modificadas mediante el voto unánime del 100% (cien por ciento) del capital integrado de la SAS.

En cuanto a la transformación, fusión y escisión de las SAS, se seguirá el procedimiento dispuesto en la LSC. En caso que, en la transformación de la SAS, no corresponda la unanimidad de los accionistas, los accionistas disidentes tendrán derecho de receso cuando dicho cambio implique una desmejora notoria en los derechos patrimoniales de los accionistas, como sucederá en los siguientes casos: (i) disminución del porcentaje de participación del accionista en la sociedad de forma relevante; (ii) disminución del valor patrimonial de la participación del accionista en forma sustancial; (iii) limitación o disminución de la negociabilidad de la acción; y (iv) agravación de la responsabilidad del accionista respecto de terceros.  

(e) Disolución y Liquidación.

 Las causales para disolver la SAS son las mismas dispuestas para el resto de las sociedades comerciales en la LSC, excepto aquella prevista en el numeral 8): “reducción a uno del número de socios según lo establecido en el artículo 156 de la Ley de Sociedades Comerciales

Respecto de la liquidación del patrimonio social, también se regirá por lo dispuesto en la LSC.

     II Disposiciones Generales.

(a) Resolución de controversias.

Para las diferencias que ocurran entre accionistas, o de cualquiera de ellos con la sociedad o de sus administradores, liquidadores o miembros del órgano de control interno, la Ley dispone, en su artículo 44 que, si el estatuto de la SAS lo dispusiera, se podrán resolver por medio de la justicia arbitral.

(b) Transferencia de giro de sociedades unipersonales a SAS.

En cuanto a la transformación de una empresa unipersonal a una SAS, se solicitarán los certificados únicos vigentes. A su vez, la SAS será responsable de forma solidaria hasta la prescripción por obligaciones tributarias generadas por la persona física titular de la actividad, previa a su transferencia. 

El artículo 48 de la Ley establece la exoneración impositiva transitoria para aquellas personas físicas residentes que desarrollen las empresas unipersonales y la transformen en SAS dentro de los doce (12) meses siguientes a la vigencia de la Ley, teniendo presente que dicho titular deberá estar en situación de regular cumplimiento de sus obligaciones ante la Dirección General Impositiva (DGI) y el Banco de Previsión Social (BPS), y que la transferencia se haya realizado a título gratuito o, en su caso, como integración de capital. 

Fernández Secco & Asociados