Reglamentación Mateo

Se reglamenta la obligación de informar a los beneficiarios finales de entidades en Uruguay

El 26 de Junio de 2017 el poder Ejecutivo emitió el decreto 166/017 reglamentando el capítulo II de la Ley Nº 19.484 del 5 de enero de 2017.

El decreto reglamenta la obligación de informar los beneficiarios finales de ciertas estructuras jurídicas, así como los titulares de entidades habilitadas, para emitir participaciones o títulos nominativos o escriturales incorporando esta información al registro existente en el Banco Central del Uruguay.

Se considera beneficiario final la persona física que, posea como mínimo el 15% del capital integrado, o de los derechos de voto, o que por otros medios ejerza el control final sobre una entidad. Se toma en cuenta para este fin, toda cadena de titularidad por la interposición de una o varias personas u otras estructuras jurídicas.

Las entidades obligadas a identificar el beneficiario final se pueden agrupar en dos categorías:

Las entidades residentes, exceptuando las sociedades personales, sociedades agrarias, sociedades de hecho y cooperativas que estén integradas exclusivamente por personas físicas.

Las entidades no residentes cuando, actúen en territorio nacional a través de un establecimiento permanente, radiquen en territorio nacional su sede de dirección efectiva, para el desarrollo de actividades empresariales en el país o en el exterior, o  sean titulares de activos situados en territorio nacional por un valor superior a 2.500.000 UI, cuando estos activos no sean originados por, participaciones patrimoniales en entidades residentes, créditos por importaciones, anticipos de exportaciones, dividendos, utilidades, servicios personales, materiales y financieros a cobrar, arrendamientos comisiones y regalías a cobrar, prestamos o colocaciones, como cualquier instrumento de deuda y sus rendimientos a cobrar. También deberán informar su beneficiario final los fidecomisos y fondos de inversión del exterior, o entidades extranjeras análogas, cuyos administradores o fiduciarios sean personas físicas o jurídicas residentes en territorio nacional. Estas entidades no residente deberán inscribirse ante la D.G.I.

Además de las excepciones ya mencionadas, también es importante destacar, que se exceptúan de la obligación de informar el beneficiario final:

– Las entidades cuyos participantes o beneficiaros coticen a través de bolsas de reconocido prestigio o de otros procedimientos de oferta pública,  o cuando los títulos de participación patrimonial sean propiedad directa o indirecta de entidades que cumplan esta condición (deberán informar que se encuentran en tal situación).

– Las asociaciones civiles con ingresos inferiores a U.I. 4:000.000 o activos por un valor inferior a UI. 2:500.000) y los fidecomisos.

– Los fondos de inversión supervisados por el Banco Central del Uruguay. 

Las declaraciones juradas informando los beneficiarios de la entidad deberán ser presentadas dentro del plazo de 60 días corridos contados a partir de:

1 de Agosto de 2017 para entidades obligadas a informar por la Ley 18.930

1 de Mayo de 2018 en caso de las entidades emisoras de acciones nominativas, sociedades personales y demás entidades.

El incumplimiento de las obligaciones será castigado con una multa cuyo monto será de hasta cien veces el valor máximo de la multa por contravención establecida en el artículo 95 del Código Tributario (hasta $721.000 según la multa máxima por contravención establecida para 2017).

 

ATENCIÓN: la presente comunicación tiene como objetivo un propósito informativo, no debe ser considerada una opinión legal.