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Anteproyecto de ley sobre Feria Jurisdiccional Extraordinaria, suspensión de plazos y otras medidas a raíz de la situación de emergencia sanitaria

Con fecha 13 de abril de 2020, ingresó a estudio del Parlamento el Anteproyecto de ley sobre Feria Jurisdiccional Extraordinaria, suspensión de plazos y otras medidas a raíz de la situación de emergencia sanitaria (en adelante, el “Anteproyecto”).

El Anteproyecto pretende establecer consenso en relación a las diversas interpretaciones subjetivas a las que han dado lugar las Resoluciones Nro. 12/2020 y Nro. 23/2020 de la Suprema Corte de Justicia (en adelante, la «SCJ»), así como las Resoluciones Nro. 8/2020 y Nro. 9/2020 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (en adelante, el «TCA»), orientadas todas a reglamentar la situación de los procesos jurisdiccionales durante la vigencia de la emergencia sanitaria.

Las propuestas centrales del Anteproyecto son:

  • Declarar en forma expresa la competencia de la SCJ y el TCA para disponer Ferias Judiciales Extraordinarias (en adelante, «FJE») en estados de emergencia.
  • Declarar vigente una FJE desde el 14 de marzo de 2020, para todos los procesos que tramitan ante los órganos del Poder Judicial y el TCA, así como cualquier otro proceso jurisdiccional. Respecto de la FJE regirán las disposiciones previstas en el artículo 10 de la Ley 15.869.
  • Reconocer las potestades de la SCJ y el TCA, cada uno en su ámbito, para determinar el cese del período de FJE.
  • Conferir autorización a la SCJ y el TCA para reducir, postergar e incluso eliminar la Feria Judicial Ordinaria Menor, prevista entre el 1 y 15 de julio del corriente.
  • Disponer la suspensión de los plazos procesales, sin excepción, durante la vigencia de la FJE. La referida suspensión no afectará la validez de los actos procesales cumplidos durante el transcurso de la FJE.
  • Reconocer en forma expresa la potestad de las partes de solicitar habilitaciones durante la FJE a la Sede competente. La habilitación será de pleno derecho en asuntos considerados urgentes, entre ellos los relativos a medidas cautelares y medidas autosatifactivas, procesos de amparo, causas vinculadas a la violencia doméstica y contra las mujeres basada en género, causas relativas a menores, causas penales y de adolescentes.
  • Declarar en forma expresa que los plazos de prescripción extintiva y caducidad se consideran suspendidos durante el período que dure la FJE, manteniendo el derecho o interés jurídicamente protegido su plena existencia y exigibilidad, dentro del plazo correspondiente, descontando el período de tiempo correspondiente a la FJE. Serán excluidos de esta suspensión solamente: (a) los plazos de prescripción de delitos y faltas penales, (b) los plazos de prescripción de faltas tributarias y aduaneras, (b) los plazos de prescripción de faltas administrativas, y (d) las caducidades relativas a inscripciones registrales previstas por el art. 79 de la Ley 16.781.
  • Conferir potestades a los Jueces de Paz que ejercen funciones de Oficiales del Registro de Estado Civil para suspender la celebración y señalamiento de matrimonios, a excepción de aquellos que deban realizarse in extremis o cuya postergación pudiere generar perjuicios innecesarios a los contrayentes.
  • Declarar el deber de los jerarcas de los diferentes organismos de velar por la incorporación, uso y difusión de vías electrónicas y telemáticas de relacionamiento remoto, en los parámetros establecidos en el Anteproyecto. Las oficinas dependientes de la SCJ y el TCA deberán realizar todas las actividades que sea posible cumplir y disponer, a fin de asegurar su funcionamiento, pudiendo recurrir a guardias mínimas o incluso teletrabajo.